Oposiciones

14 07 2008

La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) de la Unión Europea acaba de abrir el plazo para la presentación de candidaturas a las oposiciones de Enfermeros/as.

Se ofertan un total de 5 (cinco) puestos y pueden presentarse todas aquellas personas que dispongan del título oficial de diplomado en enfermería y posean un muy buen dominio de, al menos, dos idiomas (uno de los cuáles ha de ser obligatoriamente el inglés, el francés o el alemán).

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el próximo 16 de septiembre de 2008 a mediodía (12.00 h.), hora de Bruselas.

Toda la información está disponible en el Diario Oficial de la Unión Europea en francés, inglés y alemán.





Eslovaquia se incorpora al euro (II)

8 07 2008

El Consejo de Asuntos económicos y financieros de la Unión Europea (ECOFIN), en su reunión de hoy martes 8 de julio de 2008 ha decidido que Eslovaquia adopte como moneda el euro a partir del 1 de enero de 2009. Esta decisión da un margen de seis meses a las autoridades eslovacas para poner en marcha todos los preparativos necesarios al cambio al tiempo que aumenta la zona euro a un total de dieciséis países.

El Consejo ha adoptado los reglamentos que fijan definitivamente la tasa de cambio entre la corona eslovaca y el euro y dicha tasa ha sido fijada a 30,1260 coronas eslovacas por 1 euro.

Eslovaquia es el cuarto país, tras la ampliación, en adoptar el euro como moneda propia, tras Eslovenia que lo hizo en enero de 2007 y Chipre y Malta que lo hicieron un año más tarde, en enero de 2008.





El 40% del PIB europeo proviene de las cargas fiscales

7 07 2008

Eurostat, la Oficina estadística de la Unión Europea acaba de publicar (en inglés), en colaboración con la Dirección General de Fiscalidad y Unión aduaneraTaxation trends in the European Union: Data for the EU Member States and Norway un documento en el que se presentan un conjunto de indicadores fiscales armonizados que permiten una comparación fiable de los diferentes sistemas fiscales de los países miembros de la UE.

En el año 2006 la carga fiscal (impuestos y cotizaciones sociales) suponía el 39,9% del PIB de la Europa de los veintisiete, aumentando un 0,3% con respecto a 2005 y confirmando el cambio de tendencia descendente que se había iniciado en 1999, año en el que el porcentaje alcanzó el 41% del PIB.

El nivel de carga fiscal difiere sensiblemente entre los diferentes miembros de la UE pero sigue siendo de las más elevadas del mundo (superior a la norteamericana o la japonesa en más de 12 puntos porcentuales):

  • en Suecia y Dinamarca representa el 49% del PIB
  • en España y la República Checa está en torno al 36%, cifra idéntica a la de Chipre que ha visto aumentar sensiblemente la carga (+10,2%) en el último decenio
  • en Lituania y Eslovaquia gira en torno al 29%, siendo este último país uno de los que más ha disminuido la presión fiscal en los últimos diez años (-10%)
  • Rumanía se sitúa al final de la tabla con un porcentaje (28,6%) medio punto inferior a Eslovaquia

La principal fuente de ingresos fiscales sigue siendo el impuesto sobre la renta de las personas físicas que representa, él solo, la mitad del total. La otra mitad se reparte entre el impuesto sobre el consumo y el impuesto sobre el capital, que ha sufrido un importante aumento. En España el gravamen sobre el capital se ha incrementado en un 18% (38,7% en 2006 con respecto al 20,6% de 1996) contra el 2% en los rendimientos del trabajo y el consumo.

Impuesto sobre el trabajo.

En el año 2007, el porcentaje máximo del impuesto sobre la renta de las personas oscilaba entre el 59% de Dinamarca o el 56% de Suecia y el 16% de Rumanía, el 19% de Eslovaquia o el 22% de Estonia pasando por el 42% de Portugal o el 43% de Italia y España. La media de los veintisiete se situaba en el 38,7% y la de la Zona Euro en el 40,2%.

Impuesto sobre sociedades.

El impuesto máximo sobre sociedades, en el año 2008, variaba entre el 35% de Malta, el 34,4% de Francia o el 30% de España al 10% de Bulgaria y Chipre. La media europea se sitúa en el 23,6%, dos puntos menos que la media de la Zona Euro (26,5%).

Impuesto medioambiental.

A pesar del interés que suscitan las cuestiones medioambientales, los ingresos derivados de las tasas aplicadas a este concepto no han hecho más que disminuir en los últimos diez años debido, principalmente, a la reducción de los impuestos sobre la energía. La media europea, en el año 2006, se situaba en un 2,6% del PIB (2,5% en la Zona Euro).





Aspiraciones de los europeos dentro de 20 años

4 07 2008

Una reciente encuesta del Eurobarómetro muestra la manera en la cuál los europeos imaginan la realidad social dentro de veinte años. La encuesta analiza las aspiraciones: de manera general, ¿las condiciones de vida mejorarán o empeorarán? ¿Evolucionará la situación social durante este período? ¿Cómo debería afrontar la sociedad los desafíos futuros?

¿Son optimistas los europeos?

  • La mitad de los encuestados creen que dentro de 20 años, sus condiciones de vida se verán deterioradas con respecto a la actualidad y solamente 4 de cada 10 europeos consideran que habrá una mejora en las mismas.
  • La visión optimista decrece con la edad aunque aumenta a medida que lo hacen sus niveles de estudio y mayor urbanización del entorno en el que viven.
  • Los habitantes de los nuevos Estados miembros de la UE son sensiblemente más optimistas que los de los antiguos quince (59% contra 32% opinan que las condiciones de vida mejorarán; 24% contra 56% creen que se deteriorarán).

Mejoras en el ámbito social.

Tras aceptar el hecho de una prolongación de la vida activa (jubilación más tardía), una amplia mayoía de encuestados (70%), aspira a una mayor igualdad entre sexos:

  • Mayor presencia masculina en las tareas domésticas
  • Reparto más equitable de las ofertas profesionales entre hombres y mujeres
  • Exito de los jóvenes basado en su esfuerzo y con menos presencia familiar o del entorno

 Principales desafíos

Un número importante de europeos es bastante pesimista apostando por:

  • un aumento de las diferencias sociales aumentarán en su país
  • un aumento de la dificultad para adquirir o alquilar una vivienda a un precio razonable
  • una mayor dificultad a encontrar un buen empleo, incluso para aquellas personas más cualificadas
  • un aumento de las dificultades para costearse tratamientos médicos indispensables
  • disminución de los salarios a causa de la competencia de los países emergentes

Entre los más pesimistas se encuentran los alemanes (el 90% cree que las diferencias entre pobres y ricos se acrecentarán) y entre los menos están los estonios (54%) y los malteses (53%).

Medidas a adoptar

Los europeos quisieran que sus politicos adoptasen las medidas necesarias para:

  • establecer reglas más estrictas para que el modo de vida individual sea más respetuoso con el medio ambiente
  • que el Estado apoye a todas aquellas personas que actúen en causas sociales
  • adoptar medidas que reduzcan las diferencias entre ricos y pobres en cada país
  • recibir mayores ayudas estatales para el cuidado de las personas mayores y/o enfermas
  • buscar un mayor desarrollo socioeconómico de la UE que sea menos dependiente del resto del mundo

Las diferencias entre los países se aparecen reflejan, por ejemplo, en el deseo de la mitad de los alemanes y austríacos a que los dirigentes políticos aumenten la presión fiscal sobre las personas que no tengan hijos para relajar la de aquellas que sí los tienen, que choca con un escaso 15% que opina de la misma forma en Suecia, Dinamarca o Gran Bretaña.





Advertencia europea por deficiencias en materia de protección de la naturaleza

3 07 2008

La Comisión Europea enviará una primera advertencia escrita a España en relación con el incumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia que determinó que ese país no había clasificado suficientes territorios, en número y en superficie, como zonas de protección especial para las aves. La Comisión tiene conocimiento de que, aunque la situación ha mejorado en las Islas Canarias y en Castilla-La Mancha, aún no se ha cumplido la normativa en las regiones de Andalucía, Baleares, Cataluña, Galicia y Valencia. Con esa advertencia se quiere recordar a España su obligación de designar las citadas zonas de protección de la naturaleza.

Recordemos que la naturaleza de Europa está protegida por dos actos legislativos fundamentales: la Directiva sobre aves y la Directiva sobre hábitats. En virtud de la Directiva sobre aves, los Estados miembros tienen la obligación de designar como zonas de protección especial para las aves (ZEPA) todos los territorios más adecuados para la conservación de especies de aves silvestres. La designación de las ZEPA debe basarse en criterios científicos objetivos y comprobables.
La Directiva sobre hábitats exige que los Estados miembros designen lugares de importancia comunitaria (LIC) para la conservación de tipos de hábitats naturales y para la protección de determinadas especies. Las ZEPA y los LCI juntos constituyen la red Natura 2000 de zonas protegidas, que es el instrumento comunitario más importante para la conservación de los hábitats naturales y de las especies de animales y plantas que en ellos se encuentran.

Procedimiento jurídico
El artículo 226 del Tratado faculta a la Comisión para emprender acciones judiciales contra los Estados miembros que no cumplan sus obligaciones.

Si la Comisión considera que puede haber una infracción de la legislación comunitaria que justifica la apertura de un procedimiento de infracción, dirige una «carta de emplazamiento» (primera advertencia por escrito) al Estado miembro afectado, pidiendo que presente sus observaciones en un plazo determinado, generalmente de dos meses.

Según la respuesta o ausencia de la misma, la Comisión puede enviar un «dictamen motivado» (última advertencia por escrito) al Estado miembro. En él se exponen clara y definitivamente las razones por las que la Comisión considera que se producido infracción de la normativa comunitaria, y emplaza al Estado miembro a ajustarse al dictamen en un plazo determinado, normalmente dos meses.

Si el Estado miembro no se ajusta al dictamen motivado, la Comisión puede remitir el asunto al Tribunal de Justicia. Si éste considera que ha habido infracción del Tratado, se insta al Estado miembro implicado a tomar las medidas necesarias para normalizar su situación.
El artículo 228 de Tratado faculta a la Comisión para actuar contra los Estados miembros que no acaten una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Europeo. También la faculta para solicitar al Tribunal que imponga una sanción económica al Estado miembro considerado.

 





La inflación alcanza el 4% en la zona euro

1 07 2008

Según una estimación rápida que acaba de publicar Eurostat, la  tasa de inflación anual de la zona euro habría alcanzado el 4% en el mes de junio 2008, lo que significa un aumento del 0,3% con respecto al mes de mayo.

El análisis completo se publicará a mediados del mes de julio.





Las llamadas teléfonicas por Internet cada vez más populares

1 07 2008

Durante los meses de noviembre y diciembre pasados, la Comisión Europea realizó una encuesta entre 27.000 hogares de toda la Unión Europea que muestra la aparición de nuevos patrones en los hábitos de consumo de las telecomunicaciones.

Los principales resultados de esta tercera encuesta doméstica realizada en todos los Estados miembros son los siguientes:

  • Los usuarios sustituyen cada vez más los teléfonos fijos por los móviles, con alrededor del 24 % de los hogares de toda la UE que solo utiliza el teléfono móvil. La proporción es bastante más alta en los nuevos Estados miembros (39 %) que en los 15 antiguos Estados miembros (20 %), excepto Finlandia (61 %) y Portugal (48 %). En algunos Estados miembros, este aumento se combina con un uso creciente del acceso inalámbrico a Internet a través de la red de telefonía móvil o por satélite (Chequia, Eslovaquia, Austria e Italia).
  • El 22 % de los hogares europeos con conexiones a Internet utiliza ahora su ordenador para hacer llamadas telefónicas. Esta cifra es dos veces mayor en Letonia (58 %), Lituania (51 %), Chequia (50 %), Polonia (49 %) y Bulgaria (46 %).
  • El 29 % de los hogares europeos compra dos o más productos de telecomunicaciones y medios de comunicación a un único proveedor de servicios (un 9 % más respecto al invierno de 2007), siendo lo más frecuente la combinación de la telefonía fija y el acceso a Internet.
  • Casi la mitad de hogares europeos tiene acceso a Internet (49 %) y una mayoría creciente disfruta de conexiones de banda ancha (el 36 % de toda la UE, un 8 % más respecto al invierno de 2007). La mayoría de los hogares conectados tiene acceso a Internet a través de una línea de ADSL (59 %, un 4% más respecto al año pasado). La razón principal que se aduce para no tener un acceso en casa es la falta de interés por Internet (el 50 % de los encuestados).
  • El 22 % de los hogares europeos tiene dificultades para ponerse en contacto con su proveedor de servicios de Internet sobre problemas de conexión. Un número similar ha declarado que el coste de la ayuda ofrecida no es asequible.
  • Uno en cuatro usuarios móviles no siempre es capaz de conectarse a la red de telefonía móvil para efectuar una llamada de teléfono. El 28 % de éstas se interrumpe a veces.
  • Más hogares reciben televisión digital terrestre: un 5 % más respecto al invierno de 2007 hasta llegar a un porcentaje del 12 % de los hogares de toda la UE. El porcentaje de hogares que reciben televisión analógica por antena ha bajado del 45 % al 41 %.
  • Uno de cada diez hogares de la UE recibe la televisión por más de un medio (antena, cable, satélite, Internet). La cifra es aún más alta en Francia (el 25 % de los hogares), el Reino Unido (22 %), Italia (19 %), Suecia (19 %) y Chipre (16 %).

En España se realizaron un total de mil encuestas y sus resultados, en una comparativa con respecto a los veintisiete, se presentan en un documento (en inglés) de cuatro páginas de fácil lectura y con una predominancia de gráficos.





Consulta popular para reducir las tarifas de telefonía móvil en Europa.

28 06 2008

La polémica se instaló hace unos pocos días en el toda la Unión al leer que la Comisión Europea estaba analizando la posibilidad de permitir a las empresas de telefonía móvil que operan en Europa el cobro de una cantidad a los receptores de llamadas (y no como ocurre en la actualidad que, exceptuando las llamadas en roaming, el cobro se efectúa a los emisores), lo que se denomina “tasas de terminación de las llamadas vocales“.

A pesar del impacto que este anuncio supuso en una parte de la opinión pública, el objetivo de la Comisión es el de reducir significativamente los precios de las llamadas móviles puesto que las operadoras dominantes utilizan esta tasa como reclamo publicitario para atraer nuevos clientes y de este modo impedir el crecimiento y normal desarrollo de la competencia. Uno de los primeros apoyos a esta iniciativa vino de parte de la Organización Europea de Consumidores (BEUC).

¿Qué son las tasas de terminación de las llamadas vocales?

Se trata de la tarifa, al por mayor, que el operador del cliente que recibe la llamada (cliente B) cobra al operador del cliente que realiza la llamada (cliente A). Es por ello que, por ejemplo en España, las llamadas entre abonados de una misma compañía de telefonía móvil son más baratas; la propietaria de la red de destino es la misma que la de origen. Esta tarifa la fijan los distintos reguladores nacionales (en España la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones [CMT]) y se incluye en las facturas de teléfono de todo el mundo lo que significa, evidentemente, que toda persona titular de una línea (independientemente del tipo y la compañía) la está pagando.

El problema, en este caso, es la enorme disparidad de precios entre los Estados miembros (en Chipre la tasa de terminación de la telefonía móvil es de 0,02 euros por minuto; en Bulgaria la misma tasa se eleva a 0,18 euros por minuto) y la alta diferencia si la comparamos con la de la telefonía fija (la tasa media de terminación en una llamada local asciende a 0,0057 euros por minuto). Además, actualmente los clientes de telefonía fija están subvencionando indirectamente a las operadoras de telefonía móvil al pagar unas tasas de terminación más altas por las llamadas realizadas entre líneas fijas y móviles. Para el período 1998-2002 esta “subvención” se estimó en 19.000 millones de euros en Alemania, Francia y Reino Unido y de 10.000 millones únicamente en Alemania (para el período 1998-2006).

Según el borrador del documento de trabajo de la Comisión (en inglés), la tasa de terminación en las llamadas móviles en España era de 0,11 euros por minuto en octubre de 2006. Un año más tarde había disminuido hasta los 0,9 euros por minuto (el mismo precio que Alemania, Bélgica, Dinamarca y superior al del Reino Unido o Francia).

La Comisión Europea, tras haber evaluado las casi 800 propuestas que, en los últimos 5 años, le hicieron llegar los diferente actores nacionales encargados del control, ha hecho pública la falta de coherencia europea en lo que a regulación de precios se refiere y, desde la semana pasada, ha abierto una consulta popular sobre la futura regulación de las “tasas de terminación de las llamadas vocales“. Las respuestas a dicha consulta pueden enviarse por correo electrónico (infso-termination@ec.europa.eu)  hasta el próximo 3 de septiembre de 2008.

El borrador del documento (en inglés) con las Recomendaciones de la Comisión, el resultado del trabajo (en inglés) del Grupo de Entidades Reguladoras Europeas sobre dichas tasas y un documento explicativo (en inglés) con respuestas a las preguntas más frecuentes que pueden plantearse con respecto a las tasas de terminación están disponibles para consulta. 





Política de desarrollo rural

27 06 2008

El Comité de Desarrollo Rural ha emitido el pasado miércoles 25 de junio, un dictamen favorable sobre los programas de desarrollo rural para todas las regiones españolas para el período 2007-2010.

Teniendo en cuenta que,

  • las zonas rurales ocupan un 91% del territorio y albergan un 20% de la población
  • un 50% de la superficie total del país se compone de tierras agrarias y un 79% de las mismas forman parte de las cosideradas Zonas Menos Favorecidas
  • un 15% de los terrenos agrarios son de regadío
  • el 75% del consumo total de agua en España se dedica al regadío

el mayor reto al que se enfrenta España es el de poner freno a la despoblación rural, motivada por la escasez de agua, el clima o las condiciones de vida derivadas de la topografía, entre otras. Este reto es todavía más importante cuando sabemos que la agricultura constituye la principal fuente de mantenimiento de la población y del empleo en las zonas rurales.

España aplica su política de desarrollo rural a través de programas elaborados por las Comunidades Autónomas (CCAA) que han presentado 17 proposiciones regionales y 2 horizontales. España ejecutará el marco nacional (“Red Rural Nacional“) mediante un programa de red nacional que abarca todo el territorio rural español.

La inversión total ascenderá a más de 250 millones de euros, de los que la mitad (125) serán financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Dentro de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que se inició en 2003, también se revisó la política de desarrollo rural, estableciendo los tres ejes fundamentales que regirán su futuro:

  • mejorar la calidad de vida y fomentar la diversificación de las actividades económicas
  • apoyar la gestión de las tierras y mejorar el medio ambiente, y
  • mejorar la competitividad de la agricultura y la silvicultura.




La CE pide a España que acate las sentencias judiciales.

26 06 2008

La Comisión Europea declaró, en el año 2001, la incompatibilidad de seis regímenes de ayudas fiscales concedidas en el País Vasco y Navarra. Se trataba, por un lado, de ayudas fiscales en forma de créditos fiscales del 45% del importe, para todas aquellas inversiones que superasen los 15 millones de euros (2.500 millones de pesetas de la época) concedidas en el País Vasco y, por otro lado, de las denominadas “vacaciones fiscales” concedidas en el País Vasco y Navarra en el año 1996, a favor de empresas de reciente creación y con las que se pretendía reducir considerablemente (99%, 75%, 50% y 25% en el caso del País Vasco, 50% en el caso de Navarra) la base imponible durante los primeros cuatro años en los que se obtuviesen beneficios.

Al declarar estas ayudas incompatibles con el mercado común, la Comisión Europea exigió a España la suspensión de todas las ayudas pendientes y la recuperación de las cantidades ya concedidas.

En diciembre de 2006, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas consideró que España había incumplido las obligaciones de recuperación en virtud de las decisiones adoptadas por la Comisión Europea en julio de 2001.

En julio de 2007, la Comisión solicitó a España información sobre la recuperación de la ayuda, utilizando para ello una “carta de requirimiento”, primer paso, según el artículo 228 del Tratado CE, para lanzar un procedimiento de infracción por incumplimiento de una sentencia del Tribunal.

Según la Comisión, casi un año más tarde, las autoridades españolas aún no han presentado pruebas claras que le permitan determinar si se ha procedido al reembolso total de las subvenciones declaradas ilegales por lo que ha vuelto a pedirle a España que acate la sentencia del Tribunal.