La CE pide a España que acate las sentencias judiciales.

26 06 2008

La Comisión Europea declaró, en el año 2001, la incompatibilidad de seis regímenes de ayudas fiscales concedidas en el País Vasco y Navarra. Se trataba, por un lado, de ayudas fiscales en forma de créditos fiscales del 45% del importe, para todas aquellas inversiones que superasen los 15 millones de euros (2.500 millones de pesetas de la época) concedidas en el País Vasco y, por otro lado, de las denominadas “vacaciones fiscales” concedidas en el País Vasco y Navarra en el año 1996, a favor de empresas de reciente creación y con las que se pretendía reducir considerablemente (99%, 75%, 50% y 25% en el caso del País Vasco, 50% en el caso de Navarra) la base imponible durante los primeros cuatro años en los que se obtuviesen beneficios.

Al declarar estas ayudas incompatibles con el mercado común, la Comisión Europea exigió a España la suspensión de todas las ayudas pendientes y la recuperación de las cantidades ya concedidas.

En diciembre de 2006, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas consideró que España había incumplido las obligaciones de recuperación en virtud de las decisiones adoptadas por la Comisión Europea en julio de 2001.

En julio de 2007, la Comisión solicitó a España información sobre la recuperación de la ayuda, utilizando para ello una “carta de requirimiento”, primer paso, según el artículo 228 del Tratado CE, para lanzar un procedimiento de infracción por incumplimiento de una sentencia del Tribunal.

Según la Comisión, casi un año más tarde, las autoridades españolas aún no han presentado pruebas claras que le permitan determinar si se ha procedido al reembolso total de las subvenciones declaradas ilegales por lo que ha vuelto a pedirle a España que acate la sentencia del Tribunal.

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